Durante 2016, Adala UK alcanzó 85 casos de que Marruecos expulsó de forma arbitraria del Sáhara Occidental, de observadores internacionales, defensores de los derechos humanos, periodistas y solidarios, acusándoles de “alterar el orden público” para acabar con que llevan a cabo labores de vigilancia de los derechos humanos.

El 21 de enero del 2017 las autoridades marroquíes expulsaron a un grupo de activistas noruegos de la ciudad de Smara en el Sur Este del Sáhara Occidental, el grupo iba a reunirse con la sociedad civil y ONGs de derechos humanos saharauis en la ciudad.
La policía ha retenido al grupo, y les han confiscado los pasaportes y los han sometido a preguntas, respectivamente, antes de ponerlos en un coche destino a Agadir a 600Km de distancia del Sáhara Occidental.
Los expulsados Mari Fjordheim Fjermedal, Eva Benedikte Skogli , Jor Hjulstad Tvedt, pertenecen a la juventud de un partido político noruego y Marthe Jaeger Tangen, un joven solidario pertenece a una organización de derechos humanos noruega.

Varios ciudadanos saharauis y activistas de derechos humanos protestaron en apoyo al grupo y tratando de evitar su expulsión.

El mismo día 21 de enero, dos activistas Noruegos fueron deportados por la fuerza de la casa de la activista saharaui Fatimatou en El Aiún capital del Sáhara Occidental cuando intentaban entrevistar a la activista.

Los agentes de inteligencia marroquíes encabezados por el jefe de la region policial rodearon la casa de la activista en el distrito de “Dwirat” donde confiscaron los pasaportes de los dos activistas noruegos Sofie Brunvoll y Peder Østring, después de atacar el coche en el que viajaban con patadas y puñetazos.

La decisión de expulsar a los activistas de los territorios ocupados del Sáhara Occidental suscita seriamente la sospecha de que las autoridades tengan algo que ocultar, y es un intento flagrante de impedir la investigación legítima sobre los derechos humanos y amordazar la crítica de la situación en la que vive la población del Sáhara Occidental.

Marruecos considera la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental como una injerencia en sus asuntos internos y que, por tanto, había adoptado una política de puertas cerradas para cualquier observador o organización internacional no gubernamental que deseara investigar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, un país al que Marruecos no tiene ninguna soberanía y pendiente de la descolonización según las Naciones Unidas, así como el reconocimiento de la auto-determinación para el pueblo saharaui según la misma.

Adala UK recuerda que es responsabilidad ineludible de Marruecos garantizar el libre ejercicio del derecho a promover y defender los derechos humanos. Y que el gobierno Marroquí está fundamentalmente obligado a proteger y promover este derecho, a evitar que sea expulsado, amenazado, restringido o suprimido y a proteger las libertades y la seguridad de los que lo ejercen. Este derecho también se extiende a todos los defensores de los derechos humanos en Sáhara Occidental, independientemente de su país de origen.

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