Las fuerzas de seguridad marroquíes dispersaron por la fuerza manifestaciones de defensores de los derechos humanos, activistas políticos, graduados desempleados y estudiantes. Se detuvo y encarceló a algunos manifestantes de forma arbitraria en el Sáhara Occidental.

El 22 de julio las fuerzas de ocupación marroquíes intervinieron violentamente en la protesta de un grupo de desempleados saharauis que se manifestaban por su exclusión después de que el gobierno marroquí ofertara unos 500 puestos de trabajo en la compañía de OCP que excluía a los desempleados saharauis.

“Después de que el gobernador marroquí nos prometiera en varias ocasiones nuestra prioridad en los puestos de trabajo aquí en El Aiun, nos extrañó esta decisión que dejar fuera a todos los saharauis, siempre nos han dicho que nosotros los saharauis tendremos prioridad en las vacantes de nuestro territorio y en los trabajos en el Sáhara Occidental pero ya vemos que son promesas vacías” comenta Mohamad, un licenciado en administración.

“Es una pena que la empresa marroquí OCP explote ilegalmente el fosfato del los territorios ocupados del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización sin que la ONU mueva un dedo y la comunidad internacional vea como el gobierno marroquí exclusa a todos los nativos saharauis de su derecho a sus riquezas naturales incluyendo el derecho a trabajar en las minas de fosfato” comenta Brahim, uno de los líderes de los grupos universitarios de titulados desempleados.

En los últimos días las diferentes coordinadoras de universitarios titulados desempleados saharauis, organizaron varías protestas, donde se levantaron lemas como “nuestras riquezas son capaces de conseguirnos trabajos”, “Justicia para Brahim Saika” que perdió la vida bajo torturas de la policía, y “la libertad de Hmato Lkawry “, que está detenido en la prisión negra de El Aaiún, el joven nacido en 1990, fue condenado a 1 año de la primera instancia del tribunal de Smara, y el tribunal de El Aaiún confirmó la sentencia. Hmato fue uno de los dirigentes de las protestas pacificas que se están celebrando en la ciudad ocupada de Smara.

El gobierno marroquí emitió varios comunicados en los que autoriza a las fuerzas del orden a mantener el “orden público” y la “paz social” en “reuniones públicas y manifestaciones” en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental.

Mientras tanto, prácticamente no se han rendido cuentas por la brutal represión de manifestantes no violentos y transeúntes ni por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidas palizas brutales, detenciones arbitrarias y torturas. Uno de los líderes de la coordinación de desempleados Hmato Lkawry y otras personas arrestadas durante las protestas continúan detenidos.

El gobierno Marroquí debería liberar inmediatamente e incondicionalmente al Kawri y a las demás personas que fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas.

las investigaciones de Adala UK indican que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas aparentemente pacíficas que para nada intervenían en hechos violentos. Algunos de los abusos más severos documentados fueron cometidos contra personas que no participaban en las manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.

Según datos, nadie ha rendido cuentas por estos abusos. Hasta hoy, las fiscalías en las ciudades del Sáhara Occidental habían recibido denuncias de presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluídos casos de tortura, si bien Adala UK documentó más casos de torturas.
Miembros de las fuerzas de seguridad agredieron de manera sistemática a manifestantes no violentos y a transeúntes en diferentes lugares del Sáhara Occidental y en la capital del país, incluso en entornos controlados como comisarías y centros de la gendarmería. Los abusos incluyeron golpes en partes muy sensibles del cuerpo de manera indiscriminada, en algunos casos, lanzaron piedras y golpearon con palos y porras a personas que no estaban recurriendo a la violencia, y en ciertos casos, ya se encontraban bajo custodia de las autoridades.
Todos esos abusos están acompañadas con un bloqueo impuesto por las autoridades marroquíes a la prensa y los observadores internacionales que intentan entrar al territorio. El 20 de julio las autoridades deportaron al periodista alemán especializado en documentales Javier Zosbakhar, de 23 años, un graduado fotoperiodista de la Universidad alemana de Hannover que intentaba hacer una investigación para su tesis de máster sobre la situación en el Sáhara Occidental.

Un miembro de Adala UK informó que un grupo de policías vestidos de civil vigilaban y seguían al periodista desde su llegada al territorio.

“Hemos visto como un grupo de policías vestidos de civil a bordo de un coche obligó al periodista de subir en éste, un día después nos contactó el periodista y nos dijo que fue investigado por la policía por encontrarse en la capital ocupada del Sáhara Occidental, y luego fue deportado a la ciudad de marroquí de Agadir.” Comenta un miembro de Adala (video: testimonio del periodista)

La comunidad internacional debe pronunciarse de forma colectiva sobre la represión de manifestantes en el Sáhara Occidental ocupado, y debe exhortar al gobierno de Marruecos a que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los abusos rindan cuentas por sus actos y a que libere a manifestantes que han sido encarcelados de manera arbitraria.

En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó un año más el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), pero sin incluir tampoco en esta ocasión un componente de observación de la situación de los derechos humanos.

La ONU debe poner un micanismo competente de observación imparcial y sostenida de la situación de los derechos humanos que ofrezca cierta protección a una población que vive bajo la amenaza diaria de sufrir abusos a manos de las autoridades marroquíes.

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