Durante 2017, Adala UK alcanzó 76 casos de que Marruecos ha prohibido la entrada o ha expulsó de forma arbitraria del Sáhara Occidental, de observadores internacionales, defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y solidarios, acusándoles de “alterar el orden público” o “personas no deseadas” para acabar con que llevan a cabo labores de vigilancia de los derechos humanos.

12 febrero las dos abogadas de los presos políticos saharauis conocidos como el grupo Gdeim Izik, fueron detenidas por los agentes de seguridad marroquíes vestidos de civil y expulsadas al llegar al aeropuertos de Casablanca, sin dar ninguna justificación o razones para hacer esta detención y expulsión, dada la existencia de un acuerdo de Marruecos Francés conjunto sobre asuntos de justicia.

Las dos abogadas franceses tenían la intención de visitar a los presos saharauis, que fueron distribuidos en siete cárceles marroquíes en varias partes de Marruecos, que sufren de malas condiciones y malos tratos.

Las abogadas expresaron su mayor indignación tras su expulsión de Marruecos, el martes poco después de su expulsión.

“Nosotras, Ingrid Metton y Olfa Ouled, abogadas del Colegio de Abogados de París, expresamos nuestra más profunda indignación por los obstáculos e impedimentos impuestos ante el ejercicio de nuestra profesión y el derecho a la defensa de nuestros clientes”, dijeron las dos abogas en un su comunico

 

“todas nuestras quejas presentadas ante el gobierno Frances no han sido atendidas hasta la fecha.” añaden las abogadas

Las dos abogadas franceses, viajaron el lunes a Marruecos para visitar a sus clientes y fueron detenidas al bajar del avión en Casablanca a las 20:40, y privadas de sus pasaportes y puestas “bajo escolta policial” dentro de la zona internacional del aeropuerto, durante más de 18 horas antes de ser expulsadas del territorio” señala el comunicado.

En mayo de 2017, las dos abogadas fueron desalojadas violentamente por la policía de la sala de audiencias de la Corte de Apelación de Rabat durante el ejercicio de sus funciones, en defensa de los presos políticos saharauis y Ouled fue salvajemente agredida causándole varias heridas.

“defensa debe ejercerse libremente para todos y en todas partes por ser un principio fundamental de la profesión de abogado y que seguirán defendiendo este principio en todo el mundo.”

“defensa debe ejercerse libremente para todos y en todas partes por ser un principio fundamental de la profesión de abogado y que seguirán defendiendo este principio en todo el mundo.” reafirmaron las abogadas

El miércoles 14 de febrero Las autoridades de ocupación marroquíes expulsaron al periodista y fotógrafo noruego “Rijkaard” de la capital ocupada, El Aaiún, sin dar ninguna justificación legal.

Según testigos, el periodista noruego se sorprendió por el asalto al apartamento se alojaba, por las autoridades, que le exigieron que se fuera de inmediato del territorio del Sáhara Occidental como una “persona no deseada”. Según testigos las autoridades también intimidaron al periodista noruego y lo obligaron de subir en un automóvil, después fue llevado a un lugar desconocido.

El periodista y durante su visita a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, tenía previsto varias reuniones con víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

El hecho de que se impidiera entrar a las dos abogas y el fotógrafo después de interrogarlos sobre su trabajo y activismo sugiere que la decisión de expulsarlos se tomó en represalia a la acción llevada a cabo por ellos contra las violaciones de los derechos humanos en los Territorios Saharauis ocupados y contra los procedimientos injustos llevados durante los juicios en contra los ciudadanos Saharauis, quien defiendan la autodeterminación.

la limitación del ingreso a Las zonas ocupadas del Sáhara Occidental no es una práctica nueva por Marruecos, ya que durante los últimos años éste recurrió sistemáticamente a las prohibiciones de entrada a los activistas, abogados y otros que apoyan la autodeterminación del pueblo Saharaui.

La decisión de expulsar a las abogadas y el fotógrafo suscita seriamente la sospecha de que las autoridades tengan algo que ocultar, y es un intento flagrante de impedir la investigación legítima sobre los derechos humanos y amordazar la crítica de la situación en la que viven los presos políticos y la población del Sáhara Occidental.

Marruecos considera la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental como una injerencia en sus asuntos internos y que, por tanto, había adoptado una política de puertas cerradas para cualquier observador o organización internacional no gubernamental que deseara investigar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, un país al que Marruecos no tiene ninguna soberanía y pendiente de la descolonización según las Naciones Unidas, así como el reconocimiento de la auto-determinación para el pueblo saharaui según la misma.

Adala UK recuerda que es responsabilidad ineludible de Marruecos garantizar el libre ejercicio del derecho a promover y defender los derechos humanos. Y que el gobierno Marroquí está fundamentalmente obligado a proteger y promover este derecho, a evitar que sea expulsado, amenazado, restringido o suprimido y a proteger las libertades y la seguridad de los que lo ejercen. Este derecho también se extiende a todos los defensores de los derechos humanos en Sáhara Occidental, independientemente de su país de origen.

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